Desde CILSA, ONG que trabaja desde hace más 50 años promoviendo la inclusión social de las personas con discapacidad, desaprobamos la manera intempestiva por la que el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación quitó las pensiones por discapacidad, sin haber efectuado un previo aviso a los beneficiarios. De un mes a otro, estas personas se encuentran privadas de un ingreso que, en la mayoría de los casos, resulta solo un paliativo a las necesidades económicas que deben afrontar ellas y sus familias dado que son más caras por el solo hecho de ser necesidades específicas y no generalizadas.

En medio de este debate se está dejando de lado la concepción de lo que es la discapacidad, establecida por la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. Debemos entender a la misma en su complejidad, siendo ésta un resultado de la interacción de la persona con su entorno. Estas personas tienen limitaciones físicas, sensoriales, mentales o intelectuales que, al interactuar con diversas barreras, pueden impedir su participación plena y efectiva en la sociedad. Justamente, el beneficio de las pensiones por discapacidad contribuye a subsanar esta desigualdad tratando de equiparar las condiciones de acceso.

Sería de suma utilidad para todos los que están alcanzados por el beneficio de las pensiones por discapacidad, y para la sociedad en general saber cuáles son las pautas que se utilizan para la evaluación de la condición de cada beneficiario para que no sean afectados aquellos cuya situación amerite la real necesidad de contar con esa asistencia.

Si bien es cierto que puede haber algunas pensiones otorgadas y cobradas en forma irregular, y que dichas defraudaciones y excesos sólo sirven para desprestigiar la función asistencial con que el erario público cubre las reales necesidades de este colectivo, esto no debe generalizarse, ya que estas concesiones irregulares representarían un número pequeño en relación con el total de las mismas.

Sugerimos a quienes tienen el poder de tomar este tipo de decisiones que convoquen a las organizaciones civiles para un constructivo debate de cómo sería la mejor forma de aplicar estas medidas, consensuando de este modo opiniones y experiencias de quienes trabajan cotidianamente en los distintos y complejos temas y áreas de la discapacidad.

Por todo lo enunciado, solicitamos al Gobierno que se revierta esta situación de quita y, a partir de ello, con la comprobación de cada caso en particular para no cometer injusticias, proceder a la necesaria regularización de las pensiones por discapacidad para bien de todos.

Desde CILSA, continuaremos potenciando la autonomía de los sujetos para que puedan incluirse en la sociedad y generando conciencia para desarmar y romper las barreras del entorno que generan desigualdad.